Bruselas analiza el IVA, sindicatos buscan cambiar los despidos, y comienza la campaña de la Renta 2025 📈

El índice de sentimiento económico Sentix ha caído hasta los -19,2 puntos, su peor nivel desde abril de 2025. El conflicto en Oriente Próximo ha disparado el miedo a una nueva recesión y a un repunte de la inflación por el encarecimiento de la energía, lo que limita la capacidad de los bancos centrales para ofrecer estímulos monetarios y genera inestabilidad en los mercados financieros del continente.

La campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2025 comienza este 8 de abril para 25 millones de contribuyentes. Esta edición destaca por la introducción de nuevas deducciones ligadas al salario mínimo interprofesional (SMI), cambios en el impuesto sobre el ahorro y exenciones por catástrofes, marcando una etapa clave para ajustar las cuentas anuales con Hacienda.

UGT y CCOO han presentado una propuesta al Ministerio de Trabajo para elevar las indemnizaciones por despido improcedente, buscando recuperar las condiciones previas a la reforma laboral de 2012. La iniciativa busca limitar los ceses durante el periodo de prueba y permitir que jueces fijen reparaciones adicionales al coste tasado, lo que cambiaría significativamente la protección legal de los trabajadores.

Miles de iraníes han formado cadenas humanas frente a centrales eléctricas y puentes en respuesta a las amenazas de Donald Trump de atacar infraestructuras críticas si no se reabre el estrecho de Ormuz. El bloqueo de este paso, vital para el 20% del petróleo mundial, ha disparado los precios de la energía a escala global, generando una gran incertidumbre sobre el suministro y el coste de vida.

El Tribunal Supremo ha determinado que un crédito al consumo se considera usurario si su tasa anual equivalente (TAE) supera en seis puntos porcentuales el tipo medio de mercado. Este fallo permite a los consumidores anular contratos abusivos, obligando a las entidades a devolver los intereses cobrados en exceso y limitando el pago al capital prestado originalmente.

La ex presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha denunciado tras doce años de mandato la imposibilidad de firmar convenios con Hacienda y Economía para acceder a datos esenciales. Esta opacidad obstaculiza la labor fiscalizadora de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre las cuentas del Estado, dificultando la evaluación de la sostenibilidad del sistema público y sus pensiones.

La negativa del Gobierno a deflactar el Impuesto sobre la Renta (IRPF) ante la inflación genera un sobrecoste fiscal que oscila entre 250 y 770 euros para las rentas medias. Esta inacción, que mantiene umbrales desactualizados desde hace una década, provoca que el 80% de los contribuyentes tributen en tramos más altos, elevando su carga fiscal efectiva entre un 4% y un 9% anual.

La eléctrica Audax, presidida por José Elías, ha cerrado un acuerdo con MasOrange para comercializar servicios de telefonía y fibra óptica. Esta alianza convierte a la compañía en una eléctrica multiservicios que busca ofrecer paquetes integrados, permitiendo a sus usuarios beneficiarse de descuentos directos en la factura mensual al unificar el suministro eléctrico con la conectividad.

La Comisión Europea ha advertido al Gobierno que reducir el IVA de los carburantes al 10% vulnera la normativa comunitaria, al no permitir esta medida el marco europeo vigente. El Ejecutivo comunitario argumenta que esta bajada incentiva el consumo en un momento de crisis, mientras el precio de la gasolina y el diésel vuelve a subir tras el impacto inicial, complicando el alivio económico buscado para las familias.

El fraude al seguro en España se transforma, con una caída en los casos oportunistas mientras que los actos premeditados crecen más de seis puntos porcentuales en 2025 hasta alcanzar el 46,3% del total. Este repunte en la planificación de estafas, con un coste medio de 3.700 euros, eleva la preocupación del sector asegurador por el uso de métodos digitales en la detección de delitos.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece el abono de las prestaciones a partir del 10 de abril de 2026. Mientras entidades como Santander y Openbank anticipan el pago al día 6, la mayoría de los bancos lo hará a partir del viernes 10. Conocer estas fechas es clave para la planificación financiera de los 1,842 millones de beneficiarios que dependen de estos ingresos para sus gastos básicos.

Moeve y Naturgy extienden su alianza Plan Multienergy hasta el 20 de abril, manteniendo rebajas de hasta 67 céntimos por litro en combustible ante la subida de precios derivada del conflicto en Oriente Próximo. Esta medida beneficia a particulares y transportistas profesionales, reforzando las ayudas gubernamentales que incluyen una reducción del IVA en carburantes del 21 al 10 por ciento.

El Barómetro de primavera de 2026 revela que una de cada cinco pymes registró pérdidas en 2025. A pesar del crecimiento en ventas, el aumento de los costes laborales y la presión fiscal erosionan los márgenes empresariales, obligando a muchas compañías a operar en niveles de supervivencia. Esta situación limita la capacidad de contratación y pone en riesgo la viabilidad de gran parte del tejido productivo.

El grupo inversor valenciano Atitlan y la francesa VSF han iniciado los trámites para adquirir las fábricas alavesas de Guardian y Glavista, cerradas hace más de un año. La operación se canalizará a través de Grupo Gaviota con el objetivo de reactivar la producción industrial y recuperar la actividad en unas instalaciones que llegaron a emplear a más de 400 personas en la comarca de Aiaraldea.

Los sindicatos UGT y CCOO han propuesto crear una ley estatal que institucionalice el diálogo social y garantice su financiación anual mediante presupuestos públicos. El objetivo es evitar la dependencia de la voluntad política, asegurando recursos estables para su labor en la negociación colectiva, una medida que busca proteger su modelo frente a cambios de gobierno y fortalecer su capacidad de representación.

El absentismo laboral en la distribución alimentaria alcanzó un coste de 1.180 millones de euros en 2025, un 155% más que en 2018. Este fenómeno, agravado por la saturación de la sanidad pública y demoras en pruebas, afecta la sostenibilidad del modelo de negocio y genera preocupación ante el elevado índice de bajas en trabajadores jóvenes, lo que supone una carga económica creciente para empresas y Seguridad Social.

La recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) alcanzó los 142.466 millones de euros en 2026, un incremento del 10,1% anual y más del 84% desde 2018. Mientras esta carga sobre los trabajadores supera ampliamente la del Impuesto de Sociedades, se abre el debate sobre la necesidad de equilibrar la contribución fiscal entre las empresas y las nóminas de los ciudadanos.

El Ejecutivo podrá priorizar qué proyectos industriales acceden a la red eléctrica mediante la figura de los proyectos de alta prioridad. Fedea alerta de que esta medida otorga una gran discrecionalidad al Gobierno para dirigir la política industrial del país, pudiendo alterar el orden de conexión y condicionar inversiones masivas en sectores estratégicos como los centros de datos.

La campaña de la Renta comienza el 8 de abril y finaliza el 30 de junio de 2026. Los trabajadores por cuenta propia deben presentar sus gastos deducibles, como cuotas de autónomos, alquileres, gestoría o servicios de marketing, para reducir su carga fiscal. Hacienda intensifica además el control sobre pagos mediante Bizum, obligando a las entidades bancarias a declarar estos movimientos financieros.

El Tesoro ha emitido letras a seis y 12 meses con rendimientos al alza, alcanzando niveles máximos de 2024 debido a la presión inflacionista y la expectativa de tipos de interés más altos. Pese a que estas rentabilidades aún están por debajo del IPC del 3,3%, el pequeño ahorrador mantiene un fuerte interés por esta deuda, movido por la búsqueda de seguridad ante el conflicto bélico actual.

La red de cajeros en la Unión Europea se redujo en 11.000 unidades durante 2024, dejando el total en 308.000 terminales. Este descenso, provocado por la digitalización bancaria y las fusiones, complica el acceso al dinero físico y genera preocupación sobre la inclusión financiera, especialmente en zonas rurales donde el cierre de oficinas y la retirada de cajeros limitan las opciones de los usuarios.

La experta en fiscalidad Irene Gil advierte que muchos trabajadores pagan de más al aceptar el borrador de la declaración sin revisar deducciones. Es fundamental incluir conceptos como cuotas sindicales o gastos de colegiación obligatoria y, especialmente, aplicar la deducción por movilidad geográfica, que permite reducir 2.000 euros adicionales al cambiar de residencia por un nuevo empleo tras estar en paro.

El sindicato CCOO ha convocado tres días de huelga en Glovo entre el 24 y el 26 de abril para protestar contra el despido colectivo (ERE) de 750 trabajadores. El sindicato denuncia despidos disciplinarios y una gestión laboral deficiente, lo que podría provocar interrupciones en el servicio de reparto durante las horas de mayor demanda en diversas ciudades.

En España, solo el 19,6% de los profesionales TIC son mujeres, cayendo al 2,6% en áreas como la inteligencia artificial. Esta falta de diversidad, marcada por sesgos culturales y falta de referentes, limita el talento en sectores estratégicos. La escasa presencia femenina afecta directamente a la creación de productos tecnológicos, que al no ser diversos, perpetúan sesgos sociales en sus resultados.

La campaña de la Renta en Cataluña para el ejercicio 2025 ofrece diversas deducciones autonómicas que permiten reducir la carga fiscal. Estas ventajas abarcan situaciones familiares, alquiler de vivienda, donaciones a entidades culturales o científicas e inversiones en empresas emergentes, buscando aliviar la presión impositiva de los residentes según sus circunstancias personales.