Crisis energética en Bruselas, récord de empleo en España, nuevas subidas de impuestos en 2026 🇪🇺

España recibió 17,5 millones de turistas internacionales durante el primer trimestre de 2026, logrando un impacto económico de 25.017 millones de euros, un 6,3% más que en el año anterior. Este crecimiento en el gasto medio por visitante favorece la dinamización del sector servicios y la actividad comercial, consolidando al turismo como uno de los principales motores de crecimiento del país.

Desde 2019, el empleo público en España ha aumentado un 21,9%, duplicando el ritmo del sector privado. Este incremento, liderado por las comunidades autónomas principalmente en educación, pone de relieve que no se ha producido un cambio estructural en el modelo productivo, ya que el país sigue dependiendo de sectores tradicionales mientras la maquinaria estatal se expande más rápido que el tejido empresarial.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha detallado el procedimiento para recuperar dinero ante un cobro duplicado en una tarjeta bancaria. Ante este error, que suele deberse a fallos técnicos en comercios, los usuarios cuentan con un plazo de hasta 13 meses para reclamar a su entidad bancaria, la cual está obligada a verificar la operación y reembolsar el importe de inmediato si no hay fraude.

La multinacional china Geely ha cerrado presuntamente la compra de la nave Body 3 en la factoría de Ford en Almussafes para iniciar su producción propia. Esta operación supone un posible revulsivo para el tejido industrial valenciano, afectado por una reducción de plantilla de 7.000 a 4.100 trabajadores desde 2020, y busca dotar de estabilidad a la fábrica ante la falta de carga de trabajo.

El desempleo bajó en 62.668 personas en abril, situándose por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde 2008, mientras la Seguridad Social alcanzó los 22,1 millones de afiliados. Este crecimiento, impulsado por el sector servicios y la Semana Santa, refleja un mercado laboral dinámico que consolida la creación de puestos de trabajo a nivel nacional y en todos los grupos de edad.

El Ejecutivo ha aprobado 37.017 nuevas plazas para la Administración en 2026, un aumento del 1,2% respecto al año anterior. La convocatoria prioriza la digitalización incluyendo perfiles de inteligencia artificial y ciberseguridad, aunque los sindicatos han rechazado la medida por falta de transparencia en la negociación y consideran que el volumen de personal sigue siendo insuficiente para las necesidades actuales.

Banco Sabadell ha decidido ralentizar voluntariamente la concesión de nuevas hipotecas en España durante el primer trimestre de 2026. La entidad considera que los márgenes actuales están muy ajustados, con un tipo medio del 2,8% en el mercado nacional. Esta postura estratégica busca priorizar la rentabilidad sobre el volumen, siguiendo la línea de otros bancos que evitan la intensa competencia actual.

España ha comunicado a la UE un plan para aumentar la recaudación mediante una mayor presión fiscal, que pasará del 41,7% al 42,2% del PIB. Este incremento de 8.500 millones se apoya en medidas como el nuevo impuesto mínimo global del 15% a multinacionales y la subida al 30% en el gravamen sobre el ahorro, lo que implica mayores obligaciones tributarias para empresas y rentas altas.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que los pensionistas que reclamaron el complemento por hijos tienen derecho a una indemnización de 1800 euros si la Seguridad Social superó el plazo legal de tres meses para resolver su solicitud. Esta sentencia impide que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reduzca la cuantía, incluso si reconoce el derecho al complemento antes de la celebración del juicio.

La Fundación SERES ha creado la Alianza Intergeneracional, un ecosistema que reúne empresas y entidades para gestionar la convivencia de seis generaciones en un mercado laboral y social diseñado para otra realidad. Esta iniciativa busca reducir las brechas entre jóvenes y mayores, adaptando los servicios y el empleo a la nueva longevidad para asegurar que el cambio demográfico impulse la competitividad.

La recaudación fiscal alcanzó los 73.950 millones de euros en el primer trimestre de 2026, impulsada por un aumento del 10,4% en el IVA y un 7,5% en el IRPF. Aunque el impacto total de la guerra en Irán aún no se refleja plenamente en estos datos, el alza en los precios y el consumo sigue elevando la presión fiscal, mientras el Gobierno mantiene su decisión de no ajustar el IRPF a la inflación.

La Comisión Europea alerta de que el conflicto en Oriente Medio ha provocado una crisis energética sin precedentes, costando a la UE más de 30.000 millones de euros extra en importaciones. La situación amenaza con frenar el crecimiento económico y elevar la inflación, pudiendo derivar en una recesión si la escasez de combustibles, como el queroseno, afecta seriamente a sectores clave.

La Generalitat ha autorizado la refinanciación de 3.000 millones de euros de deuda inicialmente gestionada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Esta medida permite al gobierno de Salvador Illa diversificar sus fuentes de financiación y reducir costes financieros, alejándose gradualmente de la dependencia estatal para retomar el acceso a los mercados tradicionales de crédito.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado la creación de una Secretaría de Estado para los autónomos con el fin de reconocer el peso de este colectivo, que representa a más de 3,4 millones de personas. La vicepresidenta defiende una reforma fiscal que incluya el IVA franquiciado para rentas menores de 85.000 euros anuales y una mayor equidad, ya que los autónomos tributan actualmente cerca del 16%.

El Gobierno ha destinado 2.700 millones de euros para modernizar 750.000 hectáreas de regadío, pero la medida enfrenta una fuerte resistencia. Los agricultores denuncian que los costes son inasumibles para la agricultura familiar y que los proyectos no consideran la realidad climática actual ni la experiencia del campo, frenando así una modernización esencial para garantizar la futura soberanía alimentaria.

El Tribunal de Cuentas ha señalado que el Ejecutivo utilizó 2.389 millones de euros de los fondos europeos de recuperación para abonar pensiones de clases pasivas. Esta medida, justificada por la falta de presupuestos en 2024, refleja la fragilidad estructural de la Seguridad Social, que arrastra un patrimonio negativo de más de 106.000 millones de euros, comprometiendo la sostenibilidad financiera a largo plazo.