Vivienda al alza, crisis en el ahorro y medidas del Gobierno sobre empleo y pensiones 🏠📈

La tasa de ahorro de los hogares españoles se situó en el 11,3% durante el primer trimestre, el nivel más bajo en tres años. Este descenso, impulsado por un aumento del 6,1% en el gasto y del 7,4% en la inversión, refleja una mayor disposición al consumo, dejando una necesidad de financiación de 9.905 millones de euros, lo que alerta sobre una menor capacidad de reserva financiera familiar.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado recomendaciones para las rebajas de verano, recordando que los derechos de garantía y calidad permanecen intactos. En un contexto donde el 61% de las familias españolas viven al día y el IPC ha subido un 3,2%, estas pautas ayudan a evitar compras impulsivas y garantizan que los descuentos sean reales y seguros para el consumidor.

El Ejecutivo proyecta un crecimiento del PIB del 2,6% para 2026, apoyándose en la regularización de inmigrantes para fomentar el empleo y en Presupuestos expansivos. Esta estrategia busca impulsar el gasto social y contener los precios de la energía. Para los ciudadanos, esto supone posibles nuevas ayudas a la vivienda y medidas para regular los alquileres temporales ante un contexto de precampaña electoral.

La campaña de la Renta finaliza el 30 de junio. Los contribuyentes que no cumplan con el plazo se enfrentan a recargos progresivos del 1% al 15% según el retraso o multas de hasta 200 euros si hay requerimiento de la Agencia Tributaria. Para quienes no puedan pagar, la recomendación es solicitar un fraccionamiento para evitar sanciones mayores y posibles intereses de demora del 4,0625%.

El Ejecutivo ha pedido a la Comisión Europea extender hasta marzo de 2027 el plazo para reducir la alta temporalidad en el sector público, que alcanza el 43% en Sanidad y el 40% en Educación. Esta medida busca consensuar con sindicatos y comunidades autónomas nuevas reformas ante la dificultad de estabilizar a los más de 440.000 trabajadores interinos y cumplir con las exigencias comunitarias sobre el empleo público.

La lista de grandes deudores con la Agencia Tributaria descendió en 2025 a 5.853 contribuyentes, con una deuda total de 15.432 millones de euros, un 4,4% menos que el ejercicio anterior. Esta reducción refleja un mayor control fiscal sobre empresas y particulares, lo que ayuda a recuperar ingresos públicos esenciales que equivalen al gasto anual del Estado en infraestructuras y servicios sociales.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha anunciado que el Gobierno prepara una propuesta para reducir la carga burocrática y ajustar la fiscalidad del colectivo de autónomos. Aunque no se han concretado detalles, el Ejecutivo busca simplificar los trámites normativos que complican la gestión de estos trabajadores, contando con la colaboración de diversos grupos parlamentarios.

Los sindicatos CCOO y UGT han dado un ultimátum al Ejecutivo para aprobar el endurecimiento del registro horario antes del 31 de julio de 2026. La falta de consenso entre Trabajo y Economía sobre la adaptación de las pymes mantiene bloqueada esta norma, junto a la limitación de la absorción de subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), lo que pone en riesgo futuros acuerdos de diálogo social.

El Ejecutivo ha aprobado el real decreto 19/2026 que permite nuevamente la contratación de interinos para cubrir las jubilaciones parciales del personal laboral en las administraciones. Esta medida busca flexibilizar la normativa vigente desde 2025, la cual había bloqueado este derecho al exigir contratos fijos, permitiendo ahora a los relevistas temporales estar contratados hasta 5 años.

La Comisión Europea exige a España igualar la fiscalidad del diésel a la de la gasolina antes de septiembre para evitar la pérdida de 475 millones de euros en fondos Next Generation. Pese a esta obligación, el Gobierno mantiene bonificaciones al combustible ante el aumento de precios derivado del conflicto en el Golfo Pérsico, creando una compleja situación política y económica para el Ejecutivo.

El precio de la vivienda aumentó un 15,2% interanual en el segundo trimestre, marcando el incremento más fuerte desde 2006. Esta escalada, impulsada por el déficit de obra nueva, encarece el acceso a la vivienda pese a la ralentización de las ventas debido al endurecimiento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), presionando la capacidad adquisitiva de los hogares.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) volvió a beneficios en 2025 tras ganar 130 millones de euros con una facturación récord de 7.384 millones, un 16,2% más que en 2024. Este impulso, sustentado por Tragsa y Navantia, coincide con la imputación judicial de su cúpula por presuntos contratos irregulares, marcando una etapa de solidez financiera bajo investigación judicial.

El candidato a la reelección, Juanma Moreno, no logró la mayoría absoluta necesaria al obtener 53 votos a favor frente a 56 en contra. Con el rechazo de Vox, la gobernabilidad de la Junta queda en suspenso a la espera de una nueva votación el jueves. Este bloqueo parlamentario retrasa la elaboración de los presupuestos regionales para 2027 y genera incertidumbre sobre las políticas públicas futuras.

Renfe ha suspendido temporalmente el proceso selectivo para 600 plazas de operador comercial tras detectarse que 35 de las 36 preguntas del test coincidían con material de una academia privada. La empresa pública ha solicitado la intervención de la Abogacía del Estado para investigar posibles irregularidades, afectando así a cientos de aspirantes que ven paralizada su oportunidad de acceso al empleo público.

El Tribunal Supremo plantea elevar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la regularización de hasta 1,65 millones de migrantes. La justicia sospecha que la medida ignora la directiva de retorno europea al ser generalizada y no coordinada, lo que podría generar distorsiones en el espacio Schengen. El Gobierno defiende la legalidad de la norma mientras busca cómo solventar el conflicto jurídico.

Los accionistas de Ercros han aprobado su salida del mercado bursátil tras la compra de la compañía por el grupo portugués Bondalti. La firma lusa, que ya controla el 77,23% del capital, ofreció 3,505 euros por cada acción a los inversores minoritarios. Esta operación pone fin a 37 años de cotización de la empresa química en el parqué español en un contexto marcado por resultados negativos.

La Generalitat de Cataluña impulsará en julio el nuevo modelo de financiación autonómica, que inyectará 21.000 millones extra a las comunidades autónomas, con 4.700 millones destinados a Cataluña. Esta reforma busca sustituir un sistema caducado hace dos décadas, facilitando nuevos recursos para políticas públicas que impulsen la prosperidad y la actividad económica en un contexto de crecimiento robusto.

El sector naval privado español consolida su liderazgo en la Unión Europea con una cartera de 65 buques valorada en 3.000 millones de euros. Este impulso industrial, respaldado por la colaboración público-privada, refuerza la autonomía estratégica europea y garantiza la estabilidad de un sector que aporta 12.700 millones de euros al PIB nacional y sostiene decenas de miles de empleos en España.